Ruedo Político. La regularización de autos “chocolate”, dinero “fácil” para López Obrador

Por: Adán Mondragón

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- La vigencia del decreto presidencial para la regularización de autos “chocolate” que concluía este 20 de septiembre, fue extendida hasta el 31 de diciembre del 2022, por lo que continuará ingresando dinero a las arcas federales.

Uno de los argumentos que utilizan las autoridades federales para la ampliación de la fecha de vencimiento es que buscan beneficiar a más propietarios de vehículos extranjeros, los malpensados creen que se trata de un asunto con tintes político-electoral.

En Baja California según se estimó, habría un beneficio para unos 500 mil usuarios de autos “chocolate”, pero del 19 de enero a la fecha solo se han regularizado alrededor de 110 mil.

Esto se puede explicar, por la tardanza del gobierno federal en la organización del sistema de citas o porque quizá se “infló” la cifra de autos “chocolate” que circulan en la región.

Sí hay alrededor de 110 mil autos regularizados en Baja California, significa que han ingresado doscientos setenta y cinco millones de pesos a las arcas del gobierno federal.

Supuestamente un porcentaje de esos recursos, serán devueltos a la entidad para que se distribuyan entre los cinco municipios para obras de bacheo, ojalá en la dispersión del dinero no haya desvíos a las campañas del 2023.

Otro de los argumentos que se usó para la publicación del decreto fue que al regularizar los autos ya no serían utilizados por grupos delincuenciales para la comisión de delitos, sin embargo, los crímenes se siguen cometiendo.

Ya son 14 los estados en los que tiene vigencia el decreto de regularización de autos, cuando en un principio se dijo que únicamente aplicaría a residentes de la franja fronteriza del norte de México.

Recién se incluyó a Jalisco, estado gobernado por Movimiento Ciudadano, según, por la cantidad de migrantes que habitan en esta entidad.

Los estados donde aplica el decreto son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

A ver cuánto del recurso que ingrese a las arcas federales es devuelto a las entidades  para las obras de bacheo, porque con la opacidad que se maneja el gobierno de López Obrador, es probable que los estados salgan “bailados”.