Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.– El homicidio del niño Kevin es una fotografía exacta de la deficiente atención que todos los órdenes de gobierno ponen en la seguridad que están obligados a brindarnos como ciudadanos. El lugar, la forma, el presunto autor y, sobre todo, la disputa por lo que me toca y no me toca y al final discursos vacíos de quienes nos gobiernan para justificar, donde no hay justificación, que un menor de 14 años murió a golpes.
Kevin Yael caminaba, como muchos otros niños lo hacen a diario sobre el puente Ferrocarril que está en una zona que no es nueva, muy cerca de cinco escuelas y que es un espacio construido como parte de las obras del Sistema Integral del Transporte que está abandonado por la autoridad, que tiene cámaras de vigilancia que están de adorno porque no se han puesto en funcionamiento, solo por que es un proyecto de otra administración.
Los padres de Kevin avisaron a la Policía Municipal que su hijo estaba en problemas en la primera hora después de que sucedió el ataque al menor, la corporación todavía no explica porqué se negó a ayudarlos en la búsqueda, días después la alcaldesa Montserrat Caballero, muy a su estilo, aseguró que no actuaron para encontrarlo porque el asunto ya estaba en manos de la Fiscalía y que en cambio sí buscaron a otro niño que salió de su casa y no regresó.
El puente cruza el canal del Río Tijuana, una zona en la que sólo los colectivos de búsqueda de personas han encontrado 40 cadáveres en los últimos años, a esas víctimas se suman los que aparecen, completos o desmembrados en la corriente de agua, sin embargo, pese a ser un sitio conflictivo que ha cobrado la vida de muchas personas, hasta el momento, la Fiscalía General ha sido omisa y no ha detenido a ninguno de los sicarios que operan en ese espacio.
No hacer algo por detener a quienes están matando personas en la canalización dejó en libertad de actuar a quien le quitó la vida a Kevin golpeándolo en el pecho y estómago y por respuesta, para justificar su falta de acción, el Fiscal Iván Carpio señaló que a al niño lo mataron de forma accidental porque pasó en el momento en el que un asesino que no ha sido capturado estaba cometiendo otro crimen. ¿Desde cuando la impunidad es un accidente?
La gobernadora, Marina del Pilar Ávila justificó que a Kevin lo mató una persona con problemas de adicción, dice que los menores tienen todo su apoyo, pero el apoyo no se notó para nada cuando hizo falta la acción de la autoridad, lo peor es que en el discurso reconoce por fin que el consumo de drogas es grave, pero en los hechos, al menos en Tijuana, no hay acciones para atender el problema que está costando vidas. Solo hay discursos, palabras que no se sustentan con acciones.
Siguen sin maestro
La Secretaría de Educación sigue sin saber cuántos maestros le faltan, al principio del ciclo escolar se hablaba de 200 grupos que no tenían un docente para impartir las clases, esta semana, en vez de reducirse la cantidad, nos hablan de 400, pero no tienen una cantidad exacta, y como todos los problemas, si no lo conoces y no lo reconoces es muy difícil que puedas resolverlo.
Además de la falta de docentes en los grupos, cada maestro significa que en promedio 35 niños no tienen clases, la lluvia, que por suerte no fue en la cantidad que se esperaba, y el calor de las últimas semanas desempolvaron otro problema: la falta de mantenimiento en los edificios escolares. En algunos fueron goteras porque no se impermeabilizaron y en otros fue la sobredemanda de energía eléctrica que los dejó sin electricidad.
Este miércoles 14 de septiembre no hay clases regulares en varias escuelas, en las primarias los padres de los niños son maestro empiezan a tomar medidas desesperadas para exigir se asigne un docente para sus hijos, las secundarias están recortando los horarios para ajustarlos a las horas en las que si hay profesor que dé clases.
La autoridad habla de una lista de prelación de profesores que no sabemos si es suficiente para cubrir la demanda y justifica que no quiere enviar maestros interinos a dar clases porque después, por problemas administrativos, que se entienden fallas al hacer el trabajo, no les pagan o les retrasan su salario. Mientras tanto los alumnos, que ya arrastran un rezago escolar de dos años, son los que pagan las consecuencias.
