Ruedo Político: La rendición de cuentas del uso de recursos públicos
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 13 DE DICIEMBRE DE 2022.- Todo parece indicar que el -todavía- rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Octavio Valdez Delgadillo, no asistirá este 13 de diciembre al Congreso de Baja California para detallar el destino de los mil 760 millones de pesos que el Ejecutivo -durante la gestión de Jaime Bonilla- pagó a la universidad.
La simple citación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la XXIV Legislatura hacia el rector, indignó al “mandamás” de la máxima casa de estudios bajacaliforniana.
Para librar la citación, el rector manipuló a los integrantes del Consejo Universitario -141 consejeros- para que en la sesión del cinco de diciembre le “ordenaran” no asistir a ningún llamado hecho por los diputados locales.
Lo cierto es que, de no ser Daniel Octavio Valdez, el próximo rector o rectora -situación que se define el 16 de diciembre- tendrán que aclarar el destino de esos recursos que se supone entregó la administración de Bonilla Valdez.
Porque una cosa es la autonomía universitaria, que tanto “defienden” los cimarrones y otra muy distinta la rendición de cuentas; además, no es lo mismo informar entre los “compas” -Consejo Universitario- de la utilización de recursos, que a los órganos de fiscalización del estado.
La calidad del aire y la verificación vehicular
Hace unos días el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía, confesó ante legisladores locales que no se contempla la implementación de la verificación ambiental en la entidad.
Recordar que Jaime Bonilla publicó en el Periódico Oficial del Estado, en julio del 2021, una “declaratoria de necesidad” para entregar en concesión el establecimiento, operación y funcionamiento de los centros de verificación.
Anteriormente, en la administración del panista José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013) se entregó una concesión a una empresa que “explotó” por más de una década el servicio de verificación vehicular.
Los hechos nos dicen que ni se terminaron y/o minimizaron los problemas de contaminación en la región, pero sí se registraron casos de corrupción en los verificentros.
