Ruedo Político. Federación “amarra” manos a estados y municipios en gasto publicitario
Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 7 DE FEBRERO DE 2023.- Unos días antes de concluir el 2022 (27 de diciembre) el gobierno federal emitió un decreto por el que modifican la Ley general de comunicación social y la Ley general de responsabilidades administrativas, en la que prácticamente se limita a estados, municipios la compra de publicidad en los medios de comunicación.
En este espacio hemos criticado la discrecionalidad con que las autoridades municipales y del estado entregan recursos a los distintos medios de comunicación de la región, de ahí la relevancia de este decreto emitido por el líder morenista López Obrador.
Entre las modificaciones que se hicieron a la Ley general de comunicación social, destaca el límite del gasto público que se impone en este decreto.
En el artículo 26 en el que se establece que los entes públicos deben elaborar el programa anual de comunicación social… en el primer párrafo después de la fracción séptima se detalla:
El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Estamos hablando que en Tijuana habría una reducción drástica al presupuesto de los servicios de difusión institucional pues para el 2023 estaban presupuestados 51 millones 779 mil 242 pesos.
Con el límite impuesto por la federación la autoridad municipal tendría que ajustar sus gastos a solo 9 millones 507 mil 147 pesos, correspondiente al 0.1 % de los 9 mil 507 millones 147 mil 028 pesos del presupuesto de egresos del 2023.
Algo similar sucedería en el gobierno estatal, pues este año contemplaba un gasto para la dirección de comunicación social por 98 millones 745 mil 924 pesos.
Si cumplen con las modificaciones hechas en el decreto, tendrían que ajustarse a 73 millones 172 mil 428 pesos, tomando como referencia los 73 mil 172 millones 428 mil 092 pesos del presupuesto para el gobierno bajacaliforniano.
En el centro del país, los integrantes de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAAN), ya presentaron varias controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aquí lo interesante es saber si los gobiernos municipales y el estatal (todos de MORENA) de Baja California van a acatar las modificaciones hechas por el líder moral del partido guinda o también van a recurrir a la SCJN para defender la autonomía de estado y municipios.
