Programa “Quédate en México” recibe aval de la Corte Suprema de EU
La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó, con una votación de seis a tres, que la administración de Donald Trump reactive la política que bloquea a los solicitantes de asilo en la frontera, obligándolos a esperar la resolución de sus casos del lado mexicano.
La resolución judicial cambia el criterio operativo en la frontera binacional, determinando que no basta con iniciar el trámite en los límites territoriales, sino que el gobierno federal estadounidense exigirá que los peticionarios permanezcan fuera de su suelo durante el proceso legal.
El impacto fronterizo por la reactivación del programa
Expertos en materia migratoria señalan que esta medida revive los lineamientos del polémico programa Quédate en México, un mecanismo de control fronterizo que el gobierno previo de Joe Biden había desactivado.
Con este fallo judicial, los ministros otorgan una herramienta legal definitiva para blindar la franja limítrofe, impidiendo que los flujos de personas que buscan refugio permanezcan en centros de detención o libres bajo palabra en la Unión Americana mientras se evalúan sus perfiles.
La decisión ha encendido las alarmas entre los albergues y activistas de Tijuana y Mexicali, debido a la presión humanitaria y de servicios que implicará el retorno masivo de extranjeros a los municipios de la frontera norte de la entidad federativa.
Elecciones y el futuro de Quédate en México
La resolución se da en un contexto político complejo, previo a las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos.
El debate migratorio en las urnas no solo abarca el destino del programa Quédate en México, sino también iniciativas ciudadanas y legislativas que impactan directamente a programas consolidados como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los jóvenes denominados dreamers.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos en San Diego y la región fronteriza lamentaron el dictamen, argumentando que vulnera los tratados internacionales sobre el derecho al refugio.
Anticipan que la medida incrementará los campamentos informales en las ciudades de Baja California, complicando la logística de atención social en una zona tradicionalmente receptora y expulsora de migrantes.
