Vivienda inclusiva en SD: aprueban nueva política para áreas no incorporadas
La Junta de Supervisores del Condado aprobó, con una votación de cuatro a uno, una nueva ordenanza de vivienda inclusiva en San Diego dirigida específicamente a las comunidades no incorporadas de la región.
La medida obliga a las empresas constructoras que edifiquen proyectos de 10 o más unidades residenciales a reservar un porcentaje obligatorio de sus inmuebles para personas de bajos recursos, buscando frenar el encarecimiento inmobiliario en las periferias.
El impacto de la vivienda inclusiva en San Diego para zonas rurales y del sur
La normativa impactará de forma directa a demarcaciones que carecen de un gobierno municipal propio y dependen administrativamente del condado, tales como Campo, en la zona este, o la región residencial de Bonita, ubicada en el sur del mapa metropolitano y colindante con Chulavista.
Bajo este nuevo esquema reglamentario, cualquier desarrollo inmobiliario de mediana escala que pretenda instalarse en dichos sectores deberá habilitar obligatoriamente departamentos o casas asequibles.
Aunque la propuesta generó debate entre los sectores empresariales por el posible aumento en los costos operativos de construcción, los supervisores determinaron que la crisis habitacional local requería una intervención urgente.
Alternativas y multas de la vivienda inclusiva en San Diego
Para dar flexibilidad al mercado de la construcción, la ordenanza contempla alternativas legales para las constructoras que opten por no integrar departamentos de bajo costo dentro de sus proyectos originales.
Los desarrolladores podrán eludir la obligatoriedad pagando una tarifa monetaria compensatoria directamente a la tesorería condal o, en su defecto, donando una porción de terreno equivalente a las autoridades gubernamentales.
Esta regulación de vivienda inclusiva en San Diego replica modelos de ordenamiento urbano que ya operan en ayuntamientos integrados de la zona fronteriza como Carlsbad, Chulavista y la propia urbe de San Diego, donde se subsidian espacios para mitigar la gentrificación regional.
