Señalamientos de EU contra Carlos Torres comprometen a gobernadora de BC

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
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Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la mandataria estatal se encuentra en una situación sumamente delicada, afirmó el antropólogo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos.

Autoridades estadounidenses señalaron a Carlos Torres como un operador político relacionado con el grupo denominado Los Rusos.

Dicha organización delictiva opera principalmente en el área de Mexicali, de acuerdo con el comunicado oficial.

Clark consideró que la relación que mantuvo con la gobernadora genera severos cuestionamientos sobre su posición actual.

Reconoció que Marina del Pilar y su ex cónyuge están legalmente divorciados.

También destacó que la gobernadora ha marcado públicamente distancia de su ex pareja.

Sin embargo, consideró que los señalamientos estadounidenses mantienen a la mandataria en una posición complicada.

“Creo que este comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que ubica a Carlos Torres y a su hermano también, pero a Carlos Torres en particular como un operador político con un grupo llamado Los Rusos que opera principalmente en el área de Mexicali, pone en una grave situación y compromete a la gobernadora”, señaló.

Clark también se refirió al señalamiento relacionado con el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali.

Las autoridades de Estados Unidos ubican al ex mando como presunto intermediario para entregar sobornos a Carlos Torres.

Estos pagos habrían ocurrido a cambio de permitir que el grupo criminal operara en determinadas áreas.

Para el antropólogo, este señalamiento afecta directamente la confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad pública.

“Eso pues, vulnera gravemente la legitimidad y la confianza en las instituciones policiacas de Mexicali y las pone en un gravísimo entredicho”, afirmó.

Clark afirmó que existe un “manto de protección” institucional ante este tipo de acusaciones.

El especialista señaló que, desde su perspectiva, también ha ocurrido con la gobernadora de Baja California.

El activista consideró determinante la falta de una oposición con la misma presencia que en el pasado.

La escasez de liderazgos independientes influye en el debate público sobre estos casos.

La discusión ciudadana sobre el combate a la delincuencia se ve afectada por el discurso gubernamental dominante.

El especialista remarcó el contraste entre los informes oficiales y los hechos reportados por agencias internacionales.

“La narrativa la construye el Estado, y el Estado tiene otra narrativa de que estamos combatiendo la delincuencia, se está combatiendo el crimen organizado, han bajado los niveles de violencia, etcétera, etcétera. La realidad nos dice otra cosa distinta”, concluyó.

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